La creación de una zona binacional entre Colombia y Venezuela, firmada el 17 de julio por la ministra de Comercio Diana Marcela Morales y la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez, ha desatado una tormenta política. El expresidente Álvaro Uribe calificó el acuerdo como “una entrega del país a la criminalidad internacional”, señalando que en los territorios fronterizos “domina el narcotráfico auspiciado por Maduro”. Uribe pidió revertir la medida en 2026, cuando asuma el próximo gobierno, y advirtió que esta zona facilitaría el control de grupos ilegales en Norte de Santander, Cesar y La Guajira.
A las críticas se sumaron figuras como el exembajador Juan Carlos Pinzón, quien cuestionó la legalidad del acuerdo y exigió claridad sobre el rol del Congreso, el Consejo de Estado y las Fuerzas Militares. “¿Se consultó a las comisiones segundas? ¿Cuál fue la posición del Ministerio de Defensa?”, preguntó Pinzón, quien también aspira a la presidencia. Por su parte, la senadora Paloma Valencia insinuó que el pacto podría ser una “zona de distensión” para guerrillas apoyadas por el régimen de Maduro.
Desde el Gobierno, el presidente Gustavo Petro defendió el acuerdo como una estrategia para “crear condiciones sociales y económicas que permitan que dos pueblos de sangre común prosperen y vivan bien”. En un trino, acusó a los gobiernos uribistas de haber roto relaciones con Venezuela, lo que según él permitió que las mafias se apoderaran de la frontera. “Perder soberanía hoy es que mafias extranjeras y nacionales dominen nuestra población fronteriza a partir de las armas y el terror”, escribió Petro.
El senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, reconoció que la articulación binacional podría mejorar el comercio y la movilidad, pero advirtió que compartir información con un régimen tan corrupto como el de Maduro es riesgoso. “La única forma de combatir el crimen en la frontera es la articulación, pero a veces es mejor no compartir datos”, concluyó. Mientras tanto, el acuerdo sigue sin pasar por el Congreso, y sectores opositores anuncian debates de control político para frenar lo que consideran una amenaza a la soberanía nacional.