Mientras el senador Miguel Uribe Turbay permanece en cuidados intensivos tras el atentado que sufrió el pasado 7 de junio en Bogotá, el Consejo de Estado tramita dos demandas que podrían quitarle su curul. La más polémica fue presentada por el líder sindical Carlos Alberto Sánchez Grass, quien representa a la UTC y al sindicato Sinergen, y acusa al congresista de haber incurrido en campaña anticipada durante el mismo evento donde fue atacado.
La acción judicial sostiene que Uribe se habría aprovechado de su investidura para lanzar mensajes proselitistas antes del periodo legal, violando el artículo 183 de la Constitución. Lo más insólito: los demandantes afirman que su exposición mediática habría facilitado el atentado, pero que eso no lo exime de responsabilidad. El Consejo de Estado solicitó a la Fundación Santa Fe un informe médico para determinar si el senador está en condiciones de ejercer su defensa.
Aunque el proceso fue suspendido temporalmente por el delicado estado neurológico del senador, la controversia no se detiene. Desde el Centro Democrático y otros sectores se ha calificado la demanda como “infame y oportunista”, mientras que Sánchez Grass defiende su derecho a exigir responsabilidades, incluso en medio de una tragedia.