Colombia y Venezuela firmaron este 17 de julio un memorándum de entendimiento para crear la denominada “Zona de Paz, Unión y Desarrollo Binacional”, un espacio fronterizo que busca dinamizar el comercio, la industria, el turismo y la cooperación energética entre ambos países. El acuerdo, promovido por los presidentes Gustavo Petro y Nicolás Maduro, contempla la interconexión eléctrica, inversiones en gas y petróleo, y la normalización de operaciones cambiarias en regiones como Norte de Santander, Táchira y Zulia.
Entre los beneficios esperados para Colombia se destacan el fortalecimiento de los sectores productivos fronterizos, el aumento de exportaciones, la atracción de inversión extranjera y la posibilidad de reactivar economías locales golpeadas por el contrabando y el cierre prolongado de pasos fronterizos. Además, se proyecta la creación de infraestructura compartida en salud, transporte y educación, lo que podría mejorar la calidad de vida en zonas históricamente marginadas.
Sin embargo, el acuerdo también genera inquietudes. Expertos advierten sobre la falta de claridad en los mecanismos de control fiscal y aduanero, el riesgo de favorecer estructuras informales o mafias transfronterizas, y la debilidad institucional para garantizar seguridad jurídica a los inversionistas. La cooperación energética, aunque prometedora, podría enfrentar obstáculos técnicos y políticos, especialmente por las sanciones internacionales que afectan a Venezuela.
La zona binacional representa una apuesta ambiciosa por la integración regional, pero su éxito dependerá de la transparencia en su implementación, el respeto a las leyes de ambos países y la capacidad de ambos gobiernos para blindar el acuerdo frente a intereses particulares. En un contexto de polarización política y desafíos económicos, el proyecto podría convertirse en un motor de desarrollo o en una nueva fuente de tensiones fronterizas.