Durante el consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro sorprendió al pedir públicamente al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que buscara la manera legal de liberar a Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’. La influencer fue condenada por destruir una estación de TransMilenio en 2019. El mandatario comparó su caso con el de condenados por corrupción que hoy gozan de libertad. “Ayúdeme a sacar a ‘Epa’, que no viva en una celda. A ella le echaron más años que a muchos ladrones”, dijo Petro, en referencia directa al escándalo de Odebrecht.
Petro calificó el caso como un ejemplo de “machismo judicial”, señalando que a Barrera se le impuso una pena más severa que a varios condenados por delitos económicos graves. “Los criminales de Odebrecht están libres”, dijo, mientras Montealegre asentía sin emitir respuesta pública. La Corte Suprema de Justicia, por su parte, ratificó recientemente la condena contra Barrera, negando una tutela que buscaba extinguir la acción penal por instigación a delinquir con fines terroristas.
El mandatario también cuestionó la proporcionalidad de las penas en Colombia, afirmando que el sistema judicial castiga con mayor dureza a mujeres jóvenes y figuras mediáticas que a responsables de grandes escándalos financieros. La defensa de Barrera ha interpuesto múltiples recursos sin éxito, y ahora busca que la Corte Constitucional revise el caso. Mientras tanto, la influencer permanece recluida en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.
Este nuevo pronunciamiento presidencial reaviva el debate sobre la equidad en la justicia colombiana y el papel del Ejecutivo frente a decisiones judiciales. Aunque el Ministerio de Justicia no tiene competencia directa para modificar sentencias, Petro insiste en que se deben buscar mecanismos legales para revisar el caso. La controversia pone sobre la mesa la tensión entre justicia, política y opinión pública en un país donde las redes sociales también influyen en el destino judicial de sus protagonistas.