El expresidente César Gaviria, en representación del Partido Liberal, solicitó a la Fiscalía General de la Nación abrir una investigación formal contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, por presunta omisión dolosa en la gestión del sistema de salud colombiano. Según Gaviria, el ministro habría contribuido al desfinanciamiento sistemático del sistema, agravando el deterioro progresivo del derecho fundamental a la salud. La solicitud también fue dirigida a la Contraloría y la Procuraduría, instando a que se determinen responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales.
Entre los argumentos presentados, Gaviria denunció que el Gobierno ha ignorado reiteradas advertencias de la Corte Constitucional, la Contraloría y expertos del sector. La Sala de Seguimiento de la Corte ha documentado retrocesos graves como la desfinanciación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el desconocimiento de sentencias clave como la C-978 y C-979 de 2010, y el uso de datos inconsistentes para calcular la suficiencia financiera del sistema. Además, se reporta un aumento exponencial de tutelas (265.000 en 2024), una caída en la afiliación (del 99% al 96,5%) y un colapso en la atención por falta de insumos y pagos.
La crisis se ha intensificado con una deuda acumulada de $32,9 billones por parte de las EPS, de las cuales solo seis cumplen con los requisitos financieros. La Nueva EPS, con más de 11 millones de afiliados, ni siquiera presentó estados financieros. Gaviria también criticó la intervención de EPS como Sanitas sin el debido proceso, lo que fue declarado como vulneración de derechos por la Corte Constitucional. En una declaración polémica, el ministro Jaramillo reconoció que las EPS están siendo llevadas “a cuidados intensivos” para facilitar la aprobación de la reforma, lo que Gaviria calificó como una estrategia de asfixia institucional.
El Partido Liberal, junto con los partidos Conservador y de la U, propuso en 2023 una ruta de reformas responsables dentro del marco constitucional vigente. Sin embargo, Gaviria advierte que el ministro ha optado por el desacato sistemático de las decisiones judiciales, lo que pone en riesgo la vida de millones de colombianos. Frente a este panorama, la solicitud de investigación busca evitar una cadena de impunidad institucional y garantizar que el sistema de salud no colapse por negligencia gubernamental.