A pocos días de conocerse el fallo judicial en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presunta manipulación de testigos, falleció Gabriel Muñoz Ramírez, alias ‘Castañeda’, uno de los testigos más polémicos del caso. El exjefe paramilitar, fundador del Bloque Metro de las AUC, murió el pasado 12 de julio de un paro cardíaco mientras cumplía una medida de casa por cárcel. Su testimonio, rendido ante las autoridades, fue utilizado por la defensa del exmandatario para desacreditar las acusaciones que lo vinculan con estructuras paramilitares en Antioquia.
Durante su declaración, ‘Castañeda’ negó haber tenido vínculos con Uribe o su hermano Santiago, afirmando que solo conocía al expresidente “por la televisión”. También desmintió que Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella del proceso, hubiese pertenecido al Bloque Metro, aunque reconoció que realizaba labores relacionadas con esa estructura. Además, reveló que otro exparamilitar, alias ‘Pipintá’, le ofreció 25 millones de pesos para que declarara en contra de Uribe, intento que rechazó de forma tajante.
El juicio contra Uribe, que culminó el pasado 8 de julio tras 67 días de audiencias, ha sido uno de los más mediáticos en la historia judicial del país. La jueza Sandra Liliana Heredia fijó el próximo 28 de julio como fecha para emitir el sentido del fallo, en el que se definirá si el exmandatario es condenado o absuelto por los delitos de soborno, fraude procesal y manipulación de testigos. La Fiscalía ha solicitado una condena, mientras que la Procuraduría ha pedido su absolución, alegando falta de pruebas concluyentes.
La muerte de ‘Castañeda’ ocurre en un momento crucial, en medio de una intensa polarización política y social. Más de mil ciudadanos han firmado una carta abierta en respaldo a Uribe, destacando su legado y pidiendo justicia en el proceso. El fallecimiento del exparamilitar no solo cierra un capítulo en la historia del conflicto armado colombiano, sino que también añade una nueva capa de tensión al desenlace de un juicio que podría marcar un precedente en la relación entre poder político y justicia en Colombia.