En una operación que sacude los cimientos de la institucionalidad, la Fiscalía General de la Nación confirmó la captura de 12 miembros activos de la Policía Nacional, entre ellos el comandante del CAI Gorgonzola, en Bogotá. Los uniformados, adscritos a la estación de Puente Aranda, fueron señalados de integrar una red criminal dedicada a delitos contra la administración pública, incluyendo cohecho, concierto para delinquir, prevaricato y falsedad ideológica en documento público.
Las investigaciones, desarrolladas durante varios meses, revelaron que los implicados facilitaban prendas oficiales a delincuentes para ejecutar robos sin levantar sospechas. Además, se les acusa de manipular documentos públicos, exigir pagos ilegales y omitir sus deberes funcionales. El caso tomó fuerza tras un violento asalto en Ciudad Montes en noviembre de 2024, donde la complicidad de los uniformados quedó al descubierto gracias al testimonio de un patrullero herido en el operativo.
Los capturados operaban desde cuatro CAI estratégicos en Puente Aranda: Gorgonzola, Tejar, Santa Matilde y Puente Aranda. La gravedad del caso ha encendido las alarmas sobre el nivel de infiltración criminal dentro de una institución encargada de garantizar el orden público. El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana, aseguró que los implicados fueron puestos a disposición de la autoridad competente y reiteró que “la Policía Nacional no tolera ningún acto que vaya en contra de la transparencia e integridad policial”.
Este escándalo vuelve a poner en el centro del debate la urgente necesidad de fortalecer los controles internos en la Policía Nacional. Mientras los capturados enfrentan el proceso judicial en la URI de Puente Aranda, la ciudadanía exige respuestas y garantías de que estos hechos no se repitan. La confianza pública, ya golpeada, enfrenta una nueva prueba de fuego.