La Fiscalía de Colombia le puso la lupa a la petrolera Perenco, una multinacional anglofrancesa con operaciones en el país desde 1993, tras señalarla de haber financiado a las extintas Autodefensas Unidas de Colombia. El ente acusador embargó dos oficinas de la compañía en Bogotá, junto con todo lo que había dentro, para destinarlo al fondo de reparación de víctimas del conflicto armado.
Esta movida judicial se dio en el marco de la Ley de Justicia y Paz, que busca compensar a quienes sufrieron por la violencia paramilitar, especialmente en el departamento de Casanare. Según la Fiscalía, la empresa habría entregado dinero, combustible y hasta transporte a los paramilitares del bloque Centauros entre 1997 y 2005, a cambio de “seguridad” en sus pozos de extracción.
Testimonios de excombatientes que se acogieron a la justicia confirman esa versión y aseguran que Perenco sacó provecho económico de esta relación. La petrolera, que produce más de 160 mil barriles diarios en Colombia, todavía no ha emitido una respuesta pública al respecto.