David Racero, representante a la Cámara por el Pacto Histórico y ex presidente de la corporación, enfrenta una tormenta de señalamientos que lo alejan del discurso ético que lo catapultó como figura del “cambio”. El congresista, que en el pasado denunciaba con vehemencia el clientelismo y la corrupción en gobiernos anteriores, hoy es investigado por presunto tráfico de influencias, abuso laboral y favorecimiento a familiares con contratos públicos.
Uno de los escándalos más sonados lo involucra en el manejo de su minimercado, donde, según audios revelados por el periodista Daniel Coronell, ofrecía empleos con jornadas de 13 horas diarias, sin prestaciones sociales y con tareas que iban desde operar caja hasta limpiar baños. A esto se suma el uso indebido de funcionarios de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL), a quienes habría obligado a abandonar sus funciones en el Congreso para atender su negocio privado.
Pero la polémica no termina ahí. Racero también es señalado por su presunta participación en una red de clientelismo dentro del SENA, donde habría influido en nombramientos a través de conversaciones con el director Jorge Londoño. Además, varios de sus familiares incluido su primo José Manuel Márquez Mayorca han recibido contratos públicos por millones de pesos en distintas entidades del Estado, muchos sin experiencia previa.
La Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia ya abrieron investigaciones preliminares, mientras el Consejo de Estado estudia una demanda por pérdida de investidura. Racero, quien alguna vez tuiteó que “la corrupción secuestró al Estado”, hoy enfrenta el juicio de la opinión pública por prácticas que él mismo solía condenar. ¿Cambio o más de lo mismo?