«Ese tipo no puede seguir”: Álvaro Leyva revela plan para sacar a Petro del poder

Una tormenta política sacude a Colombia tras la revelación de audios en los que el excanciller Álvaro Leyva habría intentado orquestar un plan para sacar del poder al presidente Gustavo Petro. Según una investigación, Leyva viajó a Estados Unidos hace dos meses para reunirse con asesores cercanos a Donald Trump y buscar respaldo republicano para ejercer presión internacional contra el mandatario colombiano. En las grabaciones, el exministro asegura tener pruebas que inhabilitarían a Petro y propone que la vicepresidenta Francia Márquez lo reemplace.

En los audios, Leyva califica a Petro como un “hombre errático con problemas de drogadicción” y menciona la necesidad de un “gran acuerdo nacional” que incluiría actores armados como el ELN y el Clan del Golfo. “Este país va al despeñadero”, se le escucha decir, mientras asegura haber hablado con gremios económicos y políticos influyentes. También revela contactos con congresistas republicanos como Mario Díaz-Balart y Carlos Antonio Giménez, con quienes buscaba articular el supuesto plan de transición.

El escándalo ha provocado reacciones inmediatas. La canciller Laura Sarabia, señalada por Leyva de encubrir los supuestos vicios del presidente, calificó al exfuncionario como “ruin y miserable” y denunció que se trata de un atentado contra la democracia. Francia Márquez, por su parte, negó cualquier participación en la conspiración y reafirmó su lealtad institucional. Petro, quien ya había advertido sobre intentos de “golpe blando”, habría escuchado los audios y estaría considerando acciones legales.

Este episodio marca un punto de quiebre en la relación entre Petro y uno de sus antiguos aliados más cercanos. Leyva, quien fue su primer canciller y figura clave en la política de paz del Gobierno, ahora se encuentra en el centro de una controversia que podría tener repercusiones internacionales. Mientras tanto, el país observa con asombro cómo se destapan los entretelones de una jugada que, de confirmarse, pondría en jaque la estabilidad institucional de Colombia.