El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, confirmó la suspensión temporal de las extradiciones a Estados Unidos de guerrilleros vinculados al narcotráfico que participan en los actuales diálogos de paz. La medida, amparada en la política de Paz Total impulsada por el presidente Gustavo Petro, busca incentivar la colaboración con el proceso de desarme y reintegración de actores armados ilegales. Según Montealegre, la regla será clara: quienes demuestren compromiso con el proceso podrán acceder al beneficio, mientras que quienes incumplan serán extraditados inmediatamente.
La decisión ya se ha aplicado a dos jefes negociadores, entre ellos Gabriel Yepes Mejía, alias “HH”, líder de una facción disidente del ELN. Aunque el nombre del segundo beneficiario no ha sido oficializado, se especula que se trata de Willington Henao, alias Mocho Olmedo, disidente de las FARC. La suspensión no será automática ni generalizada; solo se concederá a quienes cesen la violencia, apoyen la sustitución de cultivos ilícitos y manifiesten su intención de desmovilizarse.
Esta estrategia ha despertado críticas de la oposición, que cuestiona la firmeza del Gobierno frente al crimen organizado, así como preocupación en Washington. La medida surge en un contexto de tensión diplomática con Estados Unidos, justo cuando Colombia espera la renovación de su certificación como aliado clave en la lucha contra las drogas. El Departamento de Estado habría manifestado su inquietud ante la fiscalía colombiana.
La renuncia de la exministra Ángela María Buitrago, quien denunció presiones en torno al caso de extradición de “HH”, también ha alimentado la controversia. Mientras tanto, Montealegre insiste en que la prioridad es “desarticular el crimen organizado por todos los caminos posibles”. El desenlace de los diálogos de paz y la postura definitiva de Estados Unidos marcarán el rumbo de esta apuesta arriesgada por la reconciliación interna.