El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, quien no pisa su natal Montería desde hace más de dos décadas, recibió un nuevo revés judicial en su intención de regresar a esa ciudad. La magistrada Alexandra Valencia Molina, del Tribunal de Justicia y Paz, ratificó la prohibición que le impide establecerse en Montería y otros territorios donde ejerció control armado, al considerar que su presencia allí pondría en riesgo los principios de reparación y no repetición para las víctimas del conflicto.
Tras su desmovilización y posterior extradición a Estados Unidos, Mancuso cumplió una condena de 18 años por delitos relacionados con el paramilitarismo. Su regreso a Colombia en 2023 causó inquietud entre las comunidades de Córdoba, una región marcada por las huellas de la violencia que él ayudó a consolidar. La posibilidad de verlo nuevamente caminando por las calles generó temor y reabrió heridas aún latentes.
Desde su retorno, el exjefe paramilitar se ha radicado en Bogotá. Sin embargo, su defensa solicitó recientemente levantar la medida restrictiva para permitirle vivir en Montería, alegando razones personales. La petición fue negada por el tribunal, que priorizó el sentir de las víctimas y el impacto simbólico de su eventual regreso.
En su decisión, la magistrada Valencia precisó que Mancuso tiene prohibido el ingreso a los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, César, Magdalena, La Guajira y Norte de Santander, así como a cinco municipios antioqueños: Apartadó, Arboletes, Ituango, Necoclí y San Pedro de Urabá. Solo podrá ingresar a estos territorios si un juez lo autoriza previamente.
Con esta decisión, la justicia reafirma su compromiso con quienes han sufrido las consecuencias del conflicto armado, recordando que el derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral debe estar por encima de cualquier pretensión individual.