La condena a diez años de prisión contra Merlys Oropeza ha sacudido la opinión pública venezolana, que considera excesiva la pena impuesta por compartir un mensaje crítico en su estado de WhatsApp contra una líder del Consejo Comunal, tras las controvertidas elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Según denuncias, estas elecciones fueron ganadas por el candidato opositor Edmundo González, aunque el oficialismo se proclamó vencedor en medio de acusaciones de fraude y persecución política.
Oropeza fue detenida el 9 de agosto de 2024, durante una ola represiva conocida como la “operación tun-tun”, que dejó más de dos mil personas capturadas por manifestar su desacuerdo con el régimen de Nicolás Maduro. Su mensaje, en el que cuestionaba a quienes “prefieren la bolsa de gorgojos al futuro para sus hijos”, fue considerado una incitación al odio por las autoridades, quienes la acusaron bajo la controvertida «Ley contra el odio», utilizada recurrentemente para silenciar disidencias.
El 18 de junio de 2025, un tribunal dictó su condena definitiva. Mientras tanto, Merlys, en una carta enviada desde prisión, expresó que ha perdido las fuerzas para seguir adelante y pidió perdón a sus padres por el sufrimiento causado. “No tengo ganas de vivir”, escribió, revelando el impacto emocional que ha tenido el encierro prolongado en su salud mental.
Organizaciones civiles y usuarios en redes sociales han condenado la sentencia por considerarla desproporcionada, proponiendo medidas alternativas como trabajo comunitario o procesos restaurativos. El caso de Merlys Oropeza se ha convertido en símbolo del creciente uso del aparato judicial para acallar voces críticas en Venezuela, avivando el debate sobre libertad de expresión, derechos humanos y justicia en tiempos de represión.