Hay patologías que no se curan con cárcel. Emilio Tapia es el ejemplo más cínico de eso. No estamos ante un delincuente común, sino ante un perfil clínico de corrupción crónica, un paciente reincidente de las instituciones que, lejos de rehabilitarse, parece fortalecerse en cada recaída.
Después de haber estado en el centro del escándalo del carrusel de la contratación en Bogotá, de los contratos del MinTIC con Centros Poblados, y de otras joyas que solo recuerdan los jueces, Tapia vuelve. No con vergüenza, ni con propósito de enmienda, sino con la determinación firme del que se sabe impune. Hoy busca el Senado. No él directamente ya quemado en la opinión pública sino como cerebro oculto detrás de fichas prestadas. Es la misma vieja fórmula del poder mafioso: si no puedo entrar por la puerta, me cuelo por el bolsillo de otro.
Lo de Tapia no es simplemente ambición, es un patrón de comportamiento. Una conducta repetitiva, organizada y estratégica que se adapta a los cambios del entorno político. Estamos frente a un perfil patológico, un corrupto con vocación de poder que convierte cada condena en una oportunidad para reorganizar su red de influencias. No se arrepiente. No se detiene. No se esconde. Regresa.
El sistema también está enfermo. Porque una sociedad sana no permite que este tipo de personajes se reciclen como si nada. Un sistema judicial que no garantiza la reparación del daño, un Congreso sin filtros morales, y partidos políticos que se prestan para lavar la cara de los condenados, son cómplices funcionales de esta enfermedad institucional.
Que Tapia aspire al Senado, así sea por interpuesta persona, es una cachetada al país decente. A los jóvenes que estudian para servir, a los funcionarios honestos, a los votantes que aún creen que vale la pena marcar una X con esperanza. Pero más que eso, es un síntoma claro de que la corrupción dejó de ser un delito para convertirse en una estrategia electoral.
Porque aquí, como en las patologías más peligrosas, la corrupción ya no quiere esconderse: quiere legislar