La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia cerró filas en defensa de 14 senadores señalados por archivar la Reforma Laboral del gobierno Petro. En una decisión que blinda el derecho a legislar con autonomía, la Corte recordó que el voto hace parte de la función parlamentaria y está protegido por la figura de inviolabilidad, por lo cual la denuncia presentada carece de peso jurídico.
Además de dejar sin piso la acusación, el alto tribunal aprovechó para pronunciarse sobre las declaraciones del presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien en un evento en Estados Unidos acusó al presidente Petro de obstaculizar la democracia. Para la Corte, estas expresiones se enmarcan en la libertad de expresión y constituyen una crítica política válida frente a un asunto de interés público.
La ponencia del magistrado César Reyes fue enfática: ni el voto ni las opiniones de los senadores configuran delitos, y judicializar estas posturas sería atentar contra el corazón del sistema democrático. La Corte advirtió que abrir procesos penales por decisiones legislativas o críticas políticas sentaría un precedente “atemorizador e inhibidor”.
Este espaldarazo del alto tribunal pone límites claros al alcance del poder Ejecutivo y da oxígeno a la independencia del Congreso, en un momento de alta tensión entre los tres poderes del Estado. Un mensaje contundente sobre el respeto a la separación institucional en tiempos de reformas trabadas y discursos en ebullición.