Como si la tragedia no fuera suficiente, ahora el foco de la responsabilidad ha caído sobre los policías que conformaban el esquema de seguridad del senador Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá.
La Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria contra los uniformados que integraban el equipo de protección del político, con el objetivo de establecer si hubo fallas en los protocolos o negligencia que permitieran la cercanía del atacante al escenario del evento político.
El menor de edad que disparó contra Uribe, y que fue posteriormente capturado, portaba una pistola Glock 9 mm y, según el presidente Gustavo Petro, había estado vinculado al programa estatal Jóvenes en Paz. Este dato ha provocado una tormenta de críticas cruzadas y ha reavivado el debate sobre la seguridad electoral y los programas sociales dirigidos a jóvenes vulnerables.
Mientras tanto, la salud del senador continúa siendo delicada, y las autoridades investigan si el ataque fue planeado por una red de sicariato.
Aunque es claro que se deben esclarecer responsabilidades, para muchos ciudadanos y analistas resulta preocupante que “la pita se esté partiendo por lo más delgado”, cargando con todo el peso a los policías del esquema, cuando el problema parece tener raíces más profundas.