La turbulencia política en el Ministerio de Justicia no cesa. Tras la renuncia de Ángela María Buitrago, ahora el Gobierno de Gustavo Petro apuesta por un nombre clave en el ajedrez judicial colombiano: Eduardo Montealegre. Su trayectoria como fiscal y magistrado de la Corte Constitucional lo ha convertido en un personaje influyente, pero también en el epicentro de grandes controversias.
Montealegre no solo ha sido asesor jurídico de Petro en la polémica consulta popular, sino que también ha acumulado millonarios contratos con el Estado, sumando $1.788 millones. Su firma ha prestado servicios de asesoría a RTVC y Positiva, además de liderar la denuncia por injuria contra la senadora María Fernanda Cabal. Sin embargo, su rol más sonado es el que desempeña en el juicio contra Álvaro Uribe Vélez, donde figura como presunta víctima y ha protagonizado enfrentamientos legales que han puesto a prueba la presunción de inocencia del expresidente.
La tensión se agudizó en marzo, cuando en plena audiencia Montealegre se presentó como “víctima de Uribe”, un gesto que generó una dura reprimenda de la jueza del caso, Sandra Liliana Heredia. Sus declaraciones recientes sobre la presunta manipulación de testigos por parte de la defensa del exmandatario han alimentado aún más el debate, desatando fuertes reacciones.
Con su nombramiento como ministro de Justicia, Montealegre no solo tomará las riendas de la cartera, sino que también quedará en el centro de un escenario donde la política y la justicia parecen cada vez más entrelazadas. Su papel será determinante, y muchos se preguntan si su llegada representa un giro estratégico en el Gobierno Petro para consolidar decisiones clave en medio de una creciente polarización.