El senador Antonio Correa Jiménez ha puesto en jaque a las secretarías de tránsito y alcaldías municipales de la región Caribe, tras revelar que la falta de transparencia en la instalación y el manejo de las cámaras de foto-multas podría estar ocultando un lucrativo negocio con dinero de los ciudadanos.
Según Correa, el silencio de las entidades encargadas de administrar estos sistemas de control vial ha obligado a la radicación de acciones de tutela, al no recibir respuestas claras sobre el monto recaudado, el cumplimiento de los requisitos legales y el destino de los fondos. La denuncia ha escalado hasta la Procuraduría General de la Nación, que podría intervenir para determinar si existe irregularidad en el uso de estos recursos.
El senador ha advertido que revelará próximamente cuánto se recauda anualmente por cada foto-multa, y no descarta pedir un control excepcional a la Contraloría General de la República para revisar la ejecución de estos dineros en los últimos cinco años. La pregunta que muchos se hacen es: ¿se trata realmente de un sistema de seguridad vial o de un negocio disfrazado de regulación?