La Contraloría General identificó graves irregularidades en el Departamento de Prosperidad Social (DPS), señalando que de 889 convenios revisados entre 2020 y 2024, solo 25 contaban con documentación completa para auditar $2,4 billones en recursos públicos.
Esta deficiencia ha dificultado el seguimiento del uso de los fondos, revelando hallazgos como obras inconclusas y de baja calidad, entre ellas el mercado público de Fundación, Magdalena, abandonado con un daño de más de $5,1 mil millones, y la plaza de mercado en Coyaima, Tolima, con un avance del 51%, generando también pérdidas significativas.
La situación ha sido puesta en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría, mientras que algunos de los convenios problemáticos han sido incluidos en la estrategia Compromiso Colombia, con el objetivo de garantizar su terminación. Sin embargo, la Contraloría subrayó que la ausencia de control y documentación adecuada continúa siendo un obstáculo para asegurar la transparencia y el buen uso de los recursos públicos, afectando gravemente los proyectos sociales.