Lo que el Gobierno de Gustavo Petro ha presentado como la gran salvación para su reforma laboral, la consulta popular, está encontrando más trabas de las esperadas, incluso cuando aún es solo una idea en el aire.
El registrador nacional, Hernán Penagos, advirtió que este mecanismo no puede coincidir con otro proceso electoral, lo que deja un enorme interrogante, dado que en 2026 el país enfrentará elecciones clave. La superposición de fechas podría generar confusión entre los votantes y afectar la transparencia del proceso.
Pero los problemas no terminan ahí. El alto costo de la consulta es otra gran piedra en el zapato. El contralor general, Carlos Hernán Rodríguez, puso el grito en el cielo al señalar que esta propuesta le costaría al país unos 700.000 millones de pesos, una cifra alarmante en un contexto de alto endeudamiento estatal.
Con estos desafíos sobre la mesa, la consulta popular que Petro ve como su tabla de salvación podría terminar siendo un barco a la deriva.