Un nuevo escándalo sacude la política en Córdoba. El Tribunal Administrativo del departamento ha declarado la pérdida de investidura de tres concejales del Partido de la U en el municipio de Montelíbano, tras detectarse irregularidades en la elección del secretario general del Concejo. Esta decisión pone en una situación crítica a la entidad, generando incertidumbre sobre la legalidad de sus actos administrativos.
Pero este no es el único caso. En el Concejo Municipal de Puerto Escondido se ha desatado una crisis aún más grave. Una demanda de nulidad electoral, interpuesta por el concejal Sebastián Ortiz Reyes, solicita al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Montería la anulación de la elección de Edwin Javier Babilonia Olivero. Según la denuncia, su nombramiento fue impulsado por los concejales Emir Bartolo Espitia Conde, Néstor Emilio Hernández Correa, Manuel Antonio Martínez Peña, Alberto José Negrete Hernández, José Joaquín Petro Pérez, Richar Ruiz Ruiz, Jairo Luis Soto Mestra y Jorge Luis Vargas Guzmán, quienes habrían incurrido en graves violaciones al debido proceso.
Lo más alarmante es que, pese a las reiteradas advertencias sobre la ilegalidad de este procedimiento, los concejales han ignorado la Constitución y las leyes, avanzando en un acto que podría acarrear consecuencias devastadoras para sus carreras políticas. La posibilidad de que pierdan sus investiduras es cada vez más real, y el panorama para la administración municipal se torna incierto.
El escándalo en el Concejo Municipal de Puerto Escondido toma un giro aún más alarmante. La demanda de nulidad electoral ha sido admitida por el Juzgado Tercero Administrativo el pasado 31 de enero de 2025, lo que confirma que cumple con todos los requisitos legales y será estudiada a fondo. La situación es crítica: el proceso avanza con fuerza y las consecuencias podrían ser devastadoras.
Pero lo más preocupante es que también se ha solicitado una medida cautelar que actualmente se encuentra en revisión por el Tribunal Administrativo. Si esta es confirmada, se anularía la elección del secretario del Concejo y se obligaría a realizar una nueva convocatoria, dejando en evidencia la gravedad de las irregularidades cometidas. Además, esta decisión pondría bajo la lupa a los concejales del Partido Liberal, quienes podrían enfrentar investigaciones disciplinarias por parte de la Procuraduría General de la Nación. En caso de hallarse culpables, podrían ser destituidos e inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Pero el panorama es aún más sombrío. Las implicaciones no se limitan al ámbito disciplinario: los concejales involucrados podrían estar enfrentando cargos penales bajo la Ley 599 de 2000, Código Penal Colombiano. Según el Artículo 394, cualquier alteración en los resultados de una votación puede acarrear penas de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, además de multas económicas considerables. Lo más grave es que si esta conducta fue cometida por servidores públicos, la pena se incrementaría en una tercera parte o incluso hasta la mitad.
Esto significa que los concejales señalados no solo corren el riesgo de perder sus investiduras, sino que también podrían terminar tras las rejas. La crisis institucional en Puerto Escondido está alcanzando niveles sin precedentes.