El contratista sahagunense Emilio Tapia Aldana fue sentenciado a seis años y cuatro meses de prisión tras aceptar su responsabilidad en el escándalo de corrupción que involucró el contrato de Centros Poblados, destinado a proporcionar Internet a siete mil escuelas rurales en Colombia. Esta sentencia fue el resultado de un preacuerdo entre Tapia y la Fiscalía General de la Nación.
El juez que validó este preacuerdo ordenó que Tapia, originario de Córdoba, devuelva la suma de 5.063 millones de pesos, obtenida de manera ilegal del anticipo entregado por el Ministerio de las TIC para la adquisición de equipos de conectividad.
Tapia admitió su culpabilidad en los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado.
Hasta la fecha, Tapia ha reintegrado 2.532 millones de pesos. La Fiscalía informó que el resto del dinero será devuelto en los próximos meses mediante pagarés de 1.256 millones de pesos cada uno.
Así las cosas, esta sentencia representa un avance significativo en la lucha contra la corrupción y en el esfuerzo por garantizar la transparencia en la administración de los recursos públicos en Colombia.