La reforma a la justicia presentada por el gobierno Petro a comienzos de octubre ha generado una fuerte controversia debido a la inclusión de un artículo que propone la rebaja de penas para violadores de niños.
Según la propuesta, los acusados por delitos contra menores podrían obtener una reducción de hasta el 50% de su condena si colaboran con la justicia.
Por su parte, la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, defendió la propuesta argumentando que busca reducir la impunidad en casos donde no se logran presentar las pruebas necesarias y los acusados quedan en libertad.
Sin embargo, esta medida ha sido fuertemente criticada por diversos sectores de la sociedad, quienes consideran que representa un retroceso en los avances logrados en la protección de los derechos de los menores.