A través de una columna publicada en revista Semana, el periodista Ariel Ávila denunció un nuevo caso de corrupción en el departamento de Córdoba el cual, según él, podría ser denominado el nuevo Odebrecht.
Ariel Ávila se refiere a un “nuevo mecanismo para saquear los recursos públicos. Mecanismo que se salta los procedimientos de contratación mediante convenios interadministrativos y con alianza con empresas fantasmas”.
El periodita, habló de la investigación que realizó la Fundación Paz y Reconciliación la cual especifica la descripción de dicho mecanismo de corrupción aplicado en Montelíbano y Jaguazul S.A.. Indica que ese informe “envía una alerta sobre las candidaturas a la Alcaldía de Montelíbano, en cabeza de Gabriel Calle Demoya (quien aspira reelegirse), las cuales estarían financiadas con recursos asociados a este presunto hecho de corrupción; así como las campañas de media decena de candidatos apoyados por su clan político, en los municipios correspondientes a su zona de influencia en la subregión del Sur de Córdoba (San José de Uré, Puerto Libertador, Valencia, Ayapel y La Apartada)”.
El periodista a través de su publicación contó lo siguiente:
El 31 de mayo la Fiscalía especializada 87 de Bogotá ordenó la captura del alcalde de Montelíbano, Francisco Alean (2016-2019), y el exalcalde, Gabriel Calle Demoya (2012-2015) por investigaciones relacionadas con un presunto mecanismo de corrupción asociado al uso de sociedades de economía mixta, mediante las cuales las administraciones locales y departamentales contratan por medio de convenios y contratos interadministrativos para saltarse los procesos de contratación pública establecidos por ley. En este caso, está involucrada la empresa de servicios públicos domiciliarios Jaguazul S.A. y un posible desfalco de más de 60.000 millones de pesos. Alean y Calle estuvieron prófugos hasta el 7 de junio, cuando se entregaron a las autoridades en la ciudad de Montería.
El 14 de junio, en el Palacio de Justicia de la capital cordobesa, se llevó a cabo la audiencia. En una decisión exprés, el juez concedió medida no privativa de la libertad para Alean y Calle, aunque continuarían en el proceso. Para el caso del alcalde Francisco Alean, en una medida inexplicable, el juez estableció que podrá seguir con sus funciones, aunque no podrá suscribir ningún tipo de convenios interadministrativos.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, los contratos irregulares se gestaron por medio de 51 convenios interadministrativos celebrados entre Montelíbano y la sociedad de Economía Mixta Jaguazul S.A., cuyo 80 por ciento es propiedad del mismo municipio. El mecanismo está sustentado en una presunta triangulación de recursos a través de contratos y convenios interadministrativos de la Alcaldía Municipal con Jaguazul S.A. y cuatro entidades más, como consta en el siguiente comunicado de prensa de la FGN el 14 de junio de 2019.