Alrededor de 86 exjefes de grupos paramilitares que sembraron el terror en varias regiones del país, entre los que se encuentra Salvatore Mancuso, deberán responder por varios delitos como masacres, desplazamiento forzado, homicidios contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, dirigentes de la Unión Patriótica y el presunto abuso sexual contra menores.
Por ello, un fiscal de la Dirección de Justicia Transicional radicó ante las salas de conocimiento de Justicia Transicional del Tribunal de Santander la solicitud de imputación de 286 hechos de violencia que cometieron los comandantes de las autodefensas entre los años 1985 y 2006.
Así lo dio a conocer la Fiscalía General de la Nación a través de un comunicado de prensa, donde señala que, “estos exjefes paramilitares deberán responder por masacres como la de Segovia (Antioquia), el 11 de noviembre de 1988; Becerril (Cesar), el 16 de noviembre de 1998; Unilla (Guaviare), el 14 de julio de 2003; Piñalito (Sucre), el 21 de febrero de 1988 y la de Funza (Cundinamarca), en noviembre de 2003, entre otras”.
Asimismo, el órgano de control acusa a los paramilitares por los homicidios de Manuel Guillermo Omera Mirabal, ocurrido en Aguachica, Cesar, el 28 de enero de 1994 y Víctor Isaza Uribe, ocurrido el 19 de noviembre de 1987 en Puerto Nare, Antioquia, hechos que se encuentran radicados ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Es de resaltar que, entre los exjefes paramilitares que serán imputados por estos delitos se encuentran: Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo Serna, Juan Francisco Prada, Raúl Emilio Hasbun Mendoza, Elkin Casarubia Posada, Rodrigo Pérez Álzate, Ramiro Vanoy Murillo, Ramón María Isaza, José Ever Veloza (alias HH) y Jorge Iván Laverde Zapata.