La decisión de la Procuraduría General de la Nación para la destitución del alcalde de Riohacha, Fabio David Velásquez Rivadeneira, por irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) se mantiene en firme.
El ente de control decidió inhabilitar y destituir a Velásquez por 12 años, por un contrato que adelantó con la Asociación Social del Caribe -ASOCAR-, el cual tuvo un valor superior a los $5.700 millones.
Ante la situación el alcalde, decidió presentar una tutela en contra de la decisión en la que argumentaba que se le habrían desconocido sus derechos políticos y fundamentales al debido proceso e igualdad del demandante,
Pero la acción tutelar que además solicitaba que se suspendieran los efectos jurídicos de la sanción en contra del mandatario, fue rechazada por la sección Primera del Consejo de Estado con base a que «el ordenamiento jurídico colombiano establece otros mecanismos de defensa judicial idóneos para controvertir la legalidad de los actos administrativos de carácter disciplinarios».
La corporación también explicó que «con la expedición del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ya no es aceptable el argumento según la protección de los derechos presuntamente conculcados en casos como el estudiado».