La Contraloría de Córdoba precisó que en tres secretarías de tránsito de este departamento los infractores adeudan $16.874 millones, producto de amonestaciones por distintas causas.
Emilio Otero, el jefe del organismo de control, fue quien hizo la revelación en el marco de la rendición de cuentas de la pasada vigencia, que tuvo lugar el jueves en la biblioteca pública de Cereté.
El millonario monto de la deuda es producto de auditorías que se realizaron en tres secretarías de tránsito entre esas están: la del departamento de Córdoba, la de Planeta Rica y la de Cereté.
“Lo que hemos encontrado es que estas dependencias no cobran las multas, las dejan vencer, en fin existe un desorden administrativo. Ha faltado gestión por parte de los secretarios de tránsito”, dijo Otero, quien sostuvo que es la primera vez que las secretarías de tránsito son auditadas en esta regional.
Estos procesos serán traslados a otras instancias, como la Procuraduría, para que los funcionarios públicos respondan, así lo advirtió el funcionario Emilio Otero.
Los $ 16.874 millones de pesos que aún no ingresan a esas tres secretarías de tránsito hacen parte del detrimento general de $ 34. 475 millones descubierto por la Contraloría de Córdoba en el 2017 a través de tres líneas de auditoría.
Por otra parte, en auditorías regulares se detectó un detrimento de $ 5.535 millones de pesos, 447 hallazgos administrativos, 57 de tipo disciplinario, uno de tipo fiscal y diez de tipo fiscal.
Es de resaltar que las auditorías fueron realizadas en centros de salud, hospitales, alcaldías y en la Gobernación.
En cuanto a las auditorías especiales el detrimento que descubrió la Contraloría de Córdoba es de $ 19.632 millones, con 528 hallazgos administrativos, 118 disciplinarios, con trámite ante la Procuraduría, 4 de tipo penal y 47 de tipo fiscal.
En esta línea donde se detectó el detrimento de las secretarías de tránsito, mientras que otros $ 447 millones comprometen la inversión en instituciones educativas, $ 736 millones de distintas asociaciones; $ 48 millones de institutos de deporte y $ 1.494 millones de empresas públicas en distintos municipios.
Entre tanto el presunto detrimento a partir de auditorías exprés, que surgen de quejas de la comunidad, es de $ 9.308 millones.