Néstor Raúl Correa fue nombrado por las Naciones Unidas como el primer alto funcionario en integrar la Jurisdicción Especial para la Paz para cumplir la función de estructurar y dejar funcionando administrativamente la justicia creada en el marco del proceso de paz con las Farc.
No obstante, este martes, Correa presentó su renuncia que tendrá vigencia a partir de 1 de mayo. Su retiro retrasaría la puesta en marcha del plan judicial de los acuerdos de paz con las Farc, el cual ya registra un importante rezago.
Cabe resaltar que La JEP es la piedra angular del posconflicto y la vía para garantizar la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de los crímenes cometidos en medio del conflicto.
Aunque se desconocen los motivos por los que Correa presentó su renuncia, dentro de esa jurisdicción era conocida la tensión del funcionario con algunos de los magistrados posesionados en enero, en especial con Mirtha Patricia Linares, la presidenta del nuevo tribunal.
Hasta la llegada de esos magistrados, Correa ejercía el poder total en la JEP: le correspondía desde resolver los trámites administrativos hasta avalar las solicitudes de ingreso de los postulados a los beneficios de la justicia transicional, incluida la libertad provisional.
Sin embargo, en enero las cosas cambiaron drásticamente. Linares asumió como máxima cabeza de la JEP y empezaron los choques con el secretario general.
Correa tuvo que entregarle a la presidenta la oficina que él tenía, la cual era más grande del edificio además a los organismos de control empezaron a llegar solicitudes para que se investigara cómo se invirtió el ‘jugoso’ presupuesto del 2017, en los contratos para poner a marchar la nueva jurisdicción: ese fue el primer detonante.
Por su parte , la Contraloría le solicitó a Correa, hace tres meses, justificar en qué invirtió 11.765 millones de pesos de los 36.752 millones disponibles y dijo que Gloria Ospina, cabeza del Fondo Colombia en Paz, es quien debe responder, su respuesta no dejó satisfecha a la entidad.
En el caso de la JEP, la lupa está puesta sobre 1.800 contratos que incluyen el enganche laboral de 195 personas y la adquisición de bienes y servicios pues a pesar de los millonarios desembolsos, aún no estaban listas las oficinas delos magistrados: ese sería el segundo detonante.
lo anterior desencadenaría choques con la otra cabeza de la jurisdicción, el fiscal Giovanni Álvarez que encontró la Unidad de Investigación y Acusación vacía. Funcionarios han tenido que llevar sus computadores para trabajar y en oficinas no hay escritorios ni líneas fijas.
En la renuncia que presentó Correa, que solo tiene tres párrafos, asegura que cumplió con diseñar y poner a funcionar la JEP: “Esta labor ya la cumplí sobre la base de una concepción humanista y respetuosa de la justicia, sustentada en la dignidad de las víctimas y guiada por los más altos estándares de transparencia, eficiencia y eficacia. Me voy pues con la satisfacción del deber cumplido”.