Se acabó la era de la inmunidad tributaria para las iglesias en Colombia. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que los templos y organizaciones religiosas deberán rendir cuentas al fisco por sus actividades económicas. Mientras el culto y las misas seguirán exentas, negocios paralelos como colegios privados, alquileres, ventas de artículos religiosos y transmisiones monetizadas estarán bajo el ojo de la Dian.
La movida es parte de la reforma tributaria que el Gobierno de Gustavo Petro presentará en el Congreso. “Esto no es un ataque a la fe, es un ajuste de cuentas con quienes operan como empresas disfrazadas de religiones”, afirmó Ávila. Con un déficit fiscal de 12 billones de pesos, el Estado busca tapar huecos eliminando exenciones “indebidas”. ¿Serán las iglesias el próximo blanco de la política económica?
Mientras economistas celebran la medida como un acto de justicia tributaria, líderes religiosos encienden las alarmas. Alegan que programas sociales y educativos podrían ser golpeados por la nueva carga impositiva. “No podemos permitir que la fe se convierta en negocio regulado”, argumenta el Consejo Interreligioso de Colombia, que exige claridad en la reglamentación.
La batalla apenas comienza. ¿Logrará el Gobierno hacer que los gigantes religiosos tributen como cualquier otro negocio? ¿O será esta una guerra santa por el bolsillo de los creyentes?