La cosa se puso seria para el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. La Fiscalía firmó un principio de oportunidad con María Alejandra Benavides, exasesora suya, quien aceptó haber participado en el escándalo de corrupción de la UNGRD. A cambio de su colaboración, no pagará cárcel, pero sí deberá contar todo lo que sabe y testificar contra varios implicados, incluyendo a su exjefe.
Benavides habría sido cómplice en la movida de contratos millonarios para atender emergencias en tres municipios del país. Según la Fiscalía, detrás de estos proyectos por más de 92 mil millones de pesos había intereses de congresistas que buscaban beneficios indebidos. Ahora, la exasesora será testigo clave para armar el rompecabezas del entramado que también tiene en líos a otros exfuncionarios del gobierno Petro.
La audiencia en la que se aprobaría su inmunidad será el 22 de julio. Si todo marcha como espera la Fiscalía, después de eso se pedirá la imputación formal contra Bonilla por tráfico de influencias e interés indebido en contratos.