El programa ‘Jóvenes en Paz’, bandera del Gobierno Petro para reducir la criminalidad juvenil, ha desatado una tormenta política tras las cifras reveladas por la senadora María Fernanda Cabal. Según la congresista, el Ejecutivo ha girado más de $560.000 millones para financiar esta iniciativa, que entrega hasta $1 millón mensual a jóvenes entre los 14 y 28 años, incluyendo 4.365 menores de edad. La senadora cuestionó que mientras se destinan millonarios recursos a quienes “se portan mal”, el Icetex no recibió los $432.000 millones necesarios para subsidiar créditos educativos a jóvenes de estratos 1 y 2.
Cabal calificó el programa como una “locura burocrática”, señalando que $137.000 millones se han ido en gastos operativos, superando incluso el valor de las transferencias directas. Además, denunció que 232 beneficiarios son extranjeros, quienes han recibido más de $1.000 millones, lo que ha generado inquietud sobre el control migratorio y la focalización del programa. La controversia escaló cuando se reveló que el presunto agresor del senador Miguel Uribe hacía parte de los beneficiarios, lo que ha encendido las alarmas sobre los filtros de selección y seguimiento.
Desde el Gobierno, el Ministerio de Igualdad ha defendido el programa como una estrategia para romper ciclos de violencia y brindar oportunidades educativas, laborales y sociales a jóvenes en situación de vulnerabilidad. A la fecha, más de 19.000 jóvenes han sido vinculados en 50 municipios, con una meta de llegar a 49.920 beneficiarios en 99 territorios priorizados. Los gestores de paz, según el Ejecutivo, deben cumplir compromisos de corresponsabilidad como estudios, labores comunitarias y actividades culturales para recibir el subsidio.
Mientras el debate se intensifica, sectores de oposición insisten en que el programa premia la delincuencia y desincentiva el mérito. En contraste, el Gobierno sostiene que se trata de una apuesta por la inclusión y la pacificación territorial. ¿Es esta una inversión en la paz o una estrategia de propaganda? La polémica sigue abierta.