Las autoridades colombianas han anunciado con firmeza la captura de todos los sicarios involucrados en el atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un ataque armado el pasado 7 de junio mientras participaba en un evento político en el sur de Bogotá. Entre los detenidos figura alias “El Costeño”, cabecilla de la estructura criminal que habría coordinado el intento de magnicidio.
Sin embargo, el país no puede darse por satisfecho. Porque la pregunta más importante sigue sin respuesta: ¿quién dio la orden de matar?
Este atentado no fue producto del azar, ni de una disputa barrial, ni de un simple robo. Fue un acto dirigido, planeado, financiado y ejecutado con la intención de silenciar a una de las voces más visibles de la oposición en Colombia. El uso de un menor de edad como autor material no solo revela la miseria moral de quienes lo organizaron, sino también la sofisticación criminal detrás del ataque: se buscaba impacto, pero también impunidad.
Las capturas anunciadas son importantes, sí. Pero son apenas la base de la pirámide. Lo más grave es que el verdadero responsable, el autor intelectual del atentado, sigue libre y protegido por un silencio que huele a miedo, a complicidad o a cálculo político.
Mientras la Fiscalía presenta resultados operativos, guarda un silencio ensordecedor sobre las conexiones políticas, económicas o ideológicas detrás del crimen. ¿Por qué nadie se atreve a hablar del origen real de esta orden? ¿Por qué el Estado no exige públicamente justicia completa? ¿Por qué los sectores afines al Gobierno miran hacia otro lado?
La gravedad de este atentado no ha sido tratada con la contundencia que merece. Lo que aquí está en juego no es solo la vida de un senador: es la vida de la democracia misma. Si en Colombia un candidato puede ser tiroteado en campaña y el país sigue como si nada, entonces hemos cruzado una línea peligrosa. Si no se llega al fondo, si no se revela quién ordenó apretar ese gatillo, estaremos validando la idea de que la violencia es una herramienta legítima para hacer política.
No bastan los comunicados tibios. No bastan los partes judiciales. No bastan las condenas simbólicas. Colombia necesita saber quién estuvo detrás. Necesita saber quién financió, quién contactó, quién autorizó y con qué propósito.