El día de hoy, jueves 23 de enero en horas de la mañana, se iniciaron operativos en la alcaldía de San Antero como parte de una exhaustiva investigación sobre actos de corrupción y vulneración de derechos laborales bajo la administración del alcalde Dennys Chica. El Ministerio de Trabajo, la Contraloría General de la Nación, en comisión bipartita, la Fiscalía y la Sijín están al frente de las diligencias, que incluyen una revisión detallada sobre la contratación irregular de trabajadores a través de empresas temporales y bolsas de empleo, una práctica que se habría extendido en varias dependencias del municipio.
Uno de los principales focos de la investigación son las bolsas de empleo utilizadas para la contratación en obras y servicios municipales. Según fuentes cercanas al caso, estos contratos se realizan mediante empresas temporales, vulnerando los derechos de los trabajadores al no garantizarles el pago de salarios justos ni de prestaciones sociales. Este tipo de prácticas, que se considera una tercerización ilegal, afecta particularmente a los empleados del municipio que están trabajando en proyectos clave, como los del Hospital CAMU.
En este sentido, la situación en el CAMU ha llamado la atención de las autoridades. Se ha detectado que al menos tres bolsas de empleo están operando en esa institución de salud, fraccionando contratos para darles una apariencia de legalidad, pero sin cumplir con los derechos laborales fundamentales. «Estamos investigando cómo se están contratando estos trabajadores y si se están respetando sus derechos. Las bolsas de empleo no solo son una modalidad ilegal de contratación, sino que también esconden prácticas que afectan tanto a los empleados como a la transparencia de los recursos públicos«, señaló un vocero del Ministerio de Trabajo.
A estas irregularidades se suman los posibles sobrecostos asociados a la celebración del cumpleaños de San Antero 2024, donde se habrían registrado pagos excesivos por la contratación de artistas y la renta de la tarima, gastos que según las fuentes investigativas fueron cubiertos por Licosinu, una empresa vinculada a la administración local. Además, se ha confirmado que los trabajadores que participaron en la organización de la festividad no recibieron el pago de su seguridad social, lo que agrava aún más las acusaciones de manejo inadecuado de recursos y violación de derechos laborales.
«Es claro que estos actos no solo afectan la administración pública, sino que además vulneran a los trabajadores. No solo se trata de los sobrecostos y la falta de pagos, sino que también estamos ante una evidente falta de respeto por los derechos fundamentales de las personas que trabajaron en el evento«, explicó un miembro de la Contraloría General de la Nación.
Así las cosas, los operativos continúan, y las autoridades se encuentran recabando información crucial que podría llevar a la imposición de sanciones administrativas y judiciales. Las investigaciones sobre las bolsas de empleo, en particular, están en su fase más crítica, con la posibilidad de que se revele una red de contrataciones irregulares que no solo afecta a los trabajadores, sino que también compromete la transparencia de la gestión pública.
La administración de Dennys Chica sigue siendo objeto de escrutinio, y se espera que, en los próximos días, las autoridades emitan más detalles sobre las medidas que se adoptarán. De confirmarse las irregularidades, las sanciones podrían ser severas, incluyendo destituciones y procedimientos judiciales contra los responsables.
Mientras tanto, la población de San Antero sigue atenta a los resultados de estos operativos, que podrían marcar un antes y un después en la gestión del alcalde.