En la vía que conecta a San Antero con Coveñas, específicamente a la salida del municipio, fue instalada una fotomulta en toda la troncal, sin que hasta el momento haya habido una socialización oficial por parte de la Alcaldía de San Antero ni de la Gobernación de Córdoba. Esta medida, que genera incertidumbre entre los conductores y la comunidad en general, parece estar en funcionamiento, aunque no se ha confirmado su operatividad ni se han proporcionado detalles sobre su regulación.
Para los habitantes, es preocupante que no se haya realizado una campaña de socialización de la fotomulta, como lo exige la normativa del Código Nacional de Tránsito (Ley 769 de 2002), que establece que todo sistema de control de velocidad debe ser debidamente señalizado y notificado a la comunidad. Además, la Ley 1843 de 2017, que regula las fotomultas en Colombia, requiere que el proceso de implementación sea transparente y que se informe adecuadamente a los ciudadanos sobre la instalación de estas tecnologías para evitar sorpresas y garantizar que se respete el debido proceso.
Este tipo de medidas deben estar acompañadas de un trabajo conjunto entre las autoridades locales y departamentales para garantizar que la comunidad esté al tanto de las nuevas disposiciones, sobre todo en temas tan delicados como las fotomultas, que afectan directamente el bolsillo de los conductores.
Es fundamental que el alcalde de San Antero, Dennys Chica, así como la Gobernación de Córdoba a través de la Secretaría de Tránsito departamental, encabezada por Ray Martínez, informen de manera clara y transparente sobre la instalación y el funcionamiento de esta fotomulta. Además, los habitantes señalan que deberían asegurarse de que ellos sean debidamente educados sobre la normatividad vigente, para evitar que se genere confusión o malestar entre los ciudadanos.
La falta de comunicación sobre la fotomulta solo contribuye a la desconfianza en las autoridades locales y departamentales, y pone en evidencia la necesidad urgente de mejorar la transparencia en la gestión pública, especialmente en lo que respecta a medidas que afectan la economía de los habitantes. Es imperativo que, en adelante, se cumpla con el principio de socialización que la ley exige, para que la comunidad de San Antero y la región de Córdoba pueda estar bien informada y así evitar conflictos innecesarios.