El Tribunal Superior de Montería confirmó el pasado 28 de mayo la condena de siete años de prisión para el exfiscal Mario Alfonso Lora Correa, quien cumplirá la pena bajo detención domiciliaria. La decisión se dio pese a los recursos presentados por el Ministerio Público, que denunció una posible vulneración del derecho de las víctimas a conocer la verdad y obtener justicia.
Aunque Lora Correa aceptó su responsabilidad en el homicidio agravado de los jóvenes Camilo Rodríguez y Harold Suárez, ocurridos en 2016, argumentó haber actuado bajo un episodio de «ira e intenso dolor». Esa justificación fue clave para alcanzar un acuerdo judicial que le permitió evitar la cárcel y recibir el beneficio de detención domiciliaria.
Los hechos ocurrieron en una zona de rumba en Montería, tras un altercado entre uno de los hijos del exfiscal y las víctimas. La Fiscalía inicialmente intentó un preacuerdo, pero este fue rechazado en 2020. Sin embargo, la Sala de Conjueces revocó esa decisión en 2022, facilitando que Lora Correa accediera a la medida judicial que hoy genera debate sobre los alcances de la justicia.