La justicia en Colombia volvió a quedar en deuda. Cristian Mauricio Petro y Juan Fernando Soto, quienes aceptaron haber asesinado al ganadero Esteban Urueta y a dos de sus trabajadores en Chimá, Córdoba, fueron dejados en libertad este martes. El juicio no arrancó a tiempo: pasaron 173 días desde la acusación, cuando la ley exige que no superen los 120.
Todo fue un enredo judicial: jueces que se declararon impedidos, audiencias que no se pudieron hacer por fallas técnicas y hasta vacaciones que frenaron el proceso. La defensora de las víctimas apuntó directamente a la Fiscalía, que ya habría permitido una vez antes que los sospechosos quedaran libres.
Aunque los dos hombres seguirán siendo juzgados por homicidio agravado, hurto y concierto para delinquir, ahora enfrentarán el proceso desde la calle. La audiencia preparatoria quedó programada para el 4 de julio, pero la indignación ya está en el aire.