Colombia amaneció de luto. Trece policías fueron asesinados en un ataque terrorista perpetrado por las disidencias del Frente 36 de las FARC en zona rural de Amalfi, Antioquia. El hecho ocurrió durante una operación de erradicación de cultivos ilícitos, cuando un helicóptero de la Policía Antinarcóticos fue derribado por un dron cargado con explosivos. Entre las víctimas se encuentra el capitán Francisco Javier Merchán Granados, quien sobrevivió herido al impacto, pero falleció horas después en un centro médico.
Los otros doce uniformados que perdieron la vida fueron identificados como: mayor Carlos Mateus, subteniente Nicolás Ovalle, subintendente José Camacho, patrulleros Michael Astaiza, Jhonatan Jiménez, Richard Lagos, Yeison Samboní, José Valera, Neyver Vásquez, Rafael Anaya, Edwin Zúñiga y Juan Guzmán. Todos ellos cumplían labores de seguridad pública en una zona marcada por el narcotráfico y la presencia de grupos armados ilegales. Murieron en cumplimiento de su deber, en una guerra que no da tregua y que cada vez se libra con más tecnología y menos rostro.
El ataque, calificado como uno de los más letales contra la fuerza pública en los últimos años, ha reactivado el temor entre los colombianos. Las imágenes del helicóptero derribado y los nombres de los caídos han vuelto a poner sobre la mesa una pregunta que incomoda: ¿estamos regresando a los años más oscuros del conflicto armado? La violencia se camufla en drones, pero el dolor sigue siendo el mismo.
Mientras el gobierno promete una ofensiva institucional para capturar a los responsables, las familias de los policías lloran en silencio. Y el país, una vez más, se pregunta cuánto más puede resistir antes de que esta guerra vuelva a tocar la puerta de todos.