Tras la sanción de la reforma laboral por parte del presidente Gustavo Petro el pasado 25 de junio, comenzaron a circular en redes sociales denuncias de ciudadanos que aseguran haber sido despedidos o enfrentan cambios en sus condiciones laborales. Una de las frases que más ha resonado es: “No es política de Dollarcity, es la reforma de Petro”, en alusión a supuestos recortes de personal en esa cadena de tiendas, aunque la empresa no ha emitido un pronunciamiento oficial al respecto.
La reforma, que fue celebrada por el Gobierno como un hito histórico, incluye cambios en la jornada laboral, recargos por trabajo nocturno y dominical, y nuevas condiciones para los contratos a término fijo y por prestación de servicios. Sin embargo, gremios como Andesco han advertido que la implementación de estas medidas podría generar la pérdida de hasta 500.000 empleos formales, especialmente en sectores con alta rotación de personal y márgenes operativos ajustados.
Expertos como el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo han calificado la reforma como un “cuento con final catastrófico”, señalando que podría aumentar la informalidad y desincentivar la contratación formal. Aunque el Gobierno insiste en que la ley busca dignificar el trabajo y proteger a los más vulnerables, sectores empresariales temen que los costos adicionales terminen trasladándose a los consumidores o al empleo mismo.