En Colombia crece la polémica por la nueva ley de financiamiento presentada por el Gobierno Petro, la cual busca recaudar más de 26 billones de pesos para cubrir gastos del Estado en 2026. Aunque el Ejecutivo la presenta como un “pacto fiscal”, desde distintos sectores de la política ya la tildan de ser una “reforma tributaria disfrazada” que podría golpear el bolsillo de los ciudadanos con aumentos en productos básicos y servicios.
La propuesta ha despertado fuertes críticas en el Congreso y entre líderes políticos. Voces como las del senador Efraín Cepeda y la representante Katherine Miranda advierten que el proyecto afectaría a familias y empresas, encareciendo incluso la cerveza y las cuotas de administración en edificios. A su vez, figuras como Vicky Dávila y Federico Gutiérrez cuestionaron que estos recursos podrían usarse con fines políticos de cara a las elecciones de 2026, señalando además el gasto y la corrupción en el actual Gobierno.
Mientras tanto, desde el Ministerio de Hacienda defienden que se trata de una medida para garantizar la estabilidad fiscal y económica del país en los próximos años. Sin embargo, en el Legislativo crece la idea de que no habría votos suficientes para que esta ley avance, lo que abriría un fuerte pulso político entre el Gobierno y la oposición en medio de un escenario económico y social ya cargado de tensiones.