Lo que debía ser un homenaje simbólico por el Día de la Madre terminó convertido en una tormenta institucional. El pasado 9 de mayo, la Lotería de Medellín entregó un premio seco de 1.000 millones de pesos a Luisa Fernanda Jaramillo, asesora del despacho del gobernador de Antioquia. El revuelo estalló al conocerse que Jaramillo es esposa de Rubén Darío Callejas Gómez, quien para ese momento se desempeñaba como subgerente comercial de la misma entidad organizadora del sorteo.
La coincidencia de roles y vínculos desató la atención pública y la reacción de la Procuraduría General de la Nación, que abrió una investigación por presunto fraude. Incluso el presidente Gustavo Petro pidió revisar el caso. Según la entidad, el billete fue adquirido legalmente por Callejas, pero su salida del cargo el 26 de mayo alimentó más preguntas que respuestas. Desde entonces, la controversia ha puesto en la lupa la legitimidad del sorteo #4788.
La Lotería de Medellín respondió activando dos auditorías una forense externa y otra interna para revisar el proceso. Tras analizar grabaciones de seguridad y los registros automáticos, concluyeron que no hubo irregularidades. Aun así, las dudas persisten: ¿puede hablarse de transparencia si el azar benefició directamente a una persona con nexo familiar directo con un alto cargo de la entidad?
Mientras la empresa defiende su actuar con base en los principios de legalidad y ética, y se muestra dispuesta a colaborar con los entes de control, el caso dejó un sabor amargo en la opinión pública. No se trata solo de un premio, sino de la confianza institucional. En un país donde la suerte muchas veces parece tener apellido, la transparencia no basta con ser dicha: debe ser percibida.