La nueva ley laboral 2466 de 2025 encendió las alarmas en el sector de combustibles: más de 6.400 estaciones de servicio enfrentan un aumento de costos operativos de hasta el 22% hacia 2027, según el gremio Imzacom. Para mitigar el impacto, muchas evalúan implementar el modelo de autoservicio, lo que implicaría una reducción drástica de personal. Cada estación pasaría de tener 9 empleados a solo 3, poniendo en riesgo el 66,6% de los puestos de trabajo en promedio. En total, más de 54.000 empleos directos estarían en la cuerda floja.
El gremio advierte que este cambio no sería inmediato, pero ya se adelantan reuniones y pilotos para definir la transición. “Adaptarnos sin destruir empleos es el mayor desafío que debemos enfrentar”, afirmó José Alberto Arias, presidente de Imzacom. La medida afectaría especialmente a microempresas familiares en regiones como el Eje Cafetero, Chocó y la Ruta del Sol, donde el empleo formal depende en gran parte de estas estaciones. El gremio pidió al Gobierno crear una mesa técnica intersectorial para revisar el impacto real de la reforma y evitar una crisis laboral silenciosa.
Aunque la Confederación Comce, que representa el 85% de las estaciones, descarta el autoservicio como solución generalizada, reconoce que la rentabilidad del negocio está en riesgo. El mayor golpe lo recibirían las estaciones en zonas remotas con ventas inferiores a 5.000 galones mensuales. En medio de este panorama, el país se enfrenta a una paradoja: una reforma que busca mejorar condiciones laborales podría terminar desatando una ola de despidos masivos en uno de los sectores más intensivos en mano de obra.