El costo de los servicios de vigilancia privada podría tener un impacto significativo si se llegase a aprobar la reforma laboral, lo que sería un duro golpe al bolsillo para conjuntos residenciales, centros comerciales y establecimientos.
La Ley 1920 de 2018, conocida como la «ley del vigilante», estableció un régimen especial para los trabajadores de seguridad privada, permitiendo jornadas de 12 horas y garantizando beneficios como seguros de vida e inclusión laboral para personas con discapacidad, promoviendo la equidad de género.
Sin embargo, con la posible aprobación de la reforma laboral, estos beneficios podrían eliminarse, afectando las condiciones de los vigilantes; así lo afirmó Miguel Ángel Diaz, presidente de Confevip del gremio de vigilancia privada en Colombia.
Esto obligaría a las empresas de seguridad a transformarse tecnológicamente. Para no perder mercado ni clientes, ya que ante el encarecimiento de la contratación de personal humano y la situación económica del país, las administraciones de conjuntos residenciales y otras entidades disminuirán los servicios de vigilancia.