En medio de una operación militar en la vereda Nueva York, zona rural del municipio de El Retorno (Guaviare), 34 militares fueron secuestrados por civiles presionados por las disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco. El hecho ocurrió el pasado domingo 24 de agosto, tras un enfrentamiento que dejó diez disidentes muertos, la captura de varios integrantes del grupo armado incluido un menor de edad y la muerte de Willington Vanegas Leyva, alias “Dumar”, uno de los alfiles más violentos de Mordisco.
Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, los uniformados fueron rodeados por personas vestidas de civil que impidieron su salida de la zona, bajo el argumento de establecer un “corredor humanitario”. Sin embargo, el Gobierno ha calificado el hecho como un secuestro, al tratarse de una retención contra la voluntad de los militares. Este tipo de acciones, que ya se han repetido en departamentos como Cauca, evidencian el uso sistemático de la población civil como escudo humano por parte de las disidencias.
El secuestro ocurre en un contexto de creciente violencia en Guaviare, donde más de 10.000 personas han sido confinadas por enfrentamientos entre facciones armadas. La región ha sido escenario de masacres, como la fosa común hallada en julio con ocho líderes sociales asesinados, y atentados como el ocurrido en Cali, donde siete civiles murieron tras la explosión de un camión bomba atribuido al frente Jaime Martínez.
Actualmente, el Gobierno adelanta gestiones con la Defensoría del Pueblo, la ONU y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA para lograr la liberación de los militares. Mientras tanto, se refuerzan los operativos en la zona, en medio de una ofensiva que busca desmantelar la estructura de Mordisco, por quien se ofrece una recompensa de más de 4.000 millones de pesos. El Estado enfrenta una amenaza que no solo desafía su capacidad militar, sino también su legitimidad en territorios donde la ley parece estar secuestrada.