Durante el consejo de ministros televisado el pasado 24 de junio, el presidente Gustavo Petro se refirió por primera vez a la controversia que generó la presencia de varios exjefes de organizaciones criminales en un acto público en Medellín. El mandatario aseguró que no subió a delincuentes a la tarima y defendió la convocatoria como parte de un ejercicio de diálogo para la “paz total”.
El evento, que tuvo lugar en la capital antioqueña, contó con la participación de figuras que hoy se encuentran privadas de la libertad, entre ellas alias Douglas, alias Ton, alias Vallejo, alias El Saya, alias Albert, alias Pesebre, alias Juan XXIII y alias El Tigre. Todos ellos han sido señalados como antiguos jefes de estructuras criminales en Medellín y el Valle de Aburrá, cuyas trayectorias han estado ligadas a organizaciones de alto impacto delincuencial.
Petro argumentó que estos encuentros hacen parte de un enfoque que busca transformar las lógicas del conflicto urbano y reconoció que “son personas detenidas que han pedido pista en procesos de acogimiento a la justicia”. Según el mandatario, no se trató de una exaltación a su trayectoria criminal, sino de una oportunidad para “escuchar a quienes tienen incidencia en los territorios” y explorar rutas para desactivar circuitos violentos desde la raíz.
Sin embargo, la presencia pública de estos individuos ha causado un amplio debate entre sectores políticos, organizaciones sociales y la ciudadanía en general. Mientras unos lo ven como un gesto audaz de reconciliación urbana, otros consideran que envía un mensaje confuso sobre legitimación de estructuras ilegales. La controversia sigue abierta y alimenta una discusión profunda sobre los límites de la paz negociada y la necesidad de justicia en el proceso.