Una profunda controversia sacude al país tras revelarse el recorte presupuestal que el Gobierno Petro aplicó a las Fuerzas Armadas para el año 2025. Aunque el Ministerio de Defensa solicitó más de 50 billones de pesos para cubrir las necesidades operativas del Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aeroespacial, el Ejecutivo solo aprobó 33 billones. Esta decisión ha generado preocupación en sectores políticos, militares y ciudadanos, que advierten sobre el debilitamiento de la capacidad estatal para enfrentar el crimen organizado y garantizar la seguridad nacional.
El Ejército, por ejemplo, recibió apenas el 54 % de lo solicitado, lo que obligó a recortes en brigadas clave como la Cuarta Brigada en Antioquia, que opera en 91 municipios y recibió solo 32 millones de pesos. La Policía Nacional también sufrió una reducción significativa, con recortes del 27 % en la Dirección de Investigación Criminal e Interpol y una caída del 33 % en el presupuesto de la Policía Metropolitana de Bogotá. La Armada, por su parte, vio disminuciones de hasta el 99 % en áreas estratégicas como Operaciones Navales, afectando su capacidad de respuesta en zonas costeras.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoció que “indiscutiblemente, afecta en ello”, mientras la Contraloría alertó sobre la crisis aérea, la falta de mantenimiento de aeronaves y el uso de armamento obsoleto. En paralelo, los grupos armados ilegales continúan expandiéndose en regiones como Caquetá, Guaviare y Córdoba, donde el Estado ha tenido que reducir presencia militar por falta de recursos. La situación ha encendido alarmas sobre el impacto real de la política fiscal del Gobierno Petro en la seguridad del país.
Mientras el presidente defiende su gestión y niega una desfinanciación estructural, los hechos en terreno muestran una Fuerza Pública debilitada, con uniformados que deben costear operaciones con sus propios salarios y regiones enteras expuestas al control de actores ilegales. El debate está abierto: ¿es este un ajuste necesario o una negligencia que pone en riesgo la soberanía nacional? La respuesta, según analistas, podría marcar un punto de quiebre en la relación entre el Gobierno y las instituciones armadas.