Mientras el país enfrenta una ola de violencia contra la Fuerza Pública, el presidente Gustavo Petro ordenó hace unas semanas la suspensión de operaciones militares y ofensivas contra las disidencias de las FARC.
En un contexto donde los ataques a policías y soldados han aumentado de manera alarmante, la seguridad en Colombia atraviesa una de sus crisis más graves en los últimos años. El llamado ‘plan pistola’, una estrategia utilizada por grupos armados ilegales para asesinar uniformados, ha cobrado la vida de al menos 23 miembros de la Fuerza Pública en las últimas semanas.
Como se recordará, el Gobierno firmó el pasado 17 de abril el decreto 448 de 2025, en el que se establece la suspensión de operaciones ofensivas contra los frentes liderados por alias Calarcá.
El presidente Petro ha defendido su decisión, asegurando que los grupos armados tienen hasta el 18 de mayo para acordar zonas de concentración y territorios de paz, con planes de desarrollo pactados con la población civil. Sin embargo, la violencia sigue en aumento, y los ataques contra uniformados han generado un rechazo generalizado en el país.