Justo cuando Álvaro Uribe enfrenta una condena por el caso de manipulación de testigos, un viejo tema vuelve a cobrar fuerza: los cuestionados negocios de sus hijos. Tomás y Jerónimo Uribe compraron unos terrenos en Mosquera, Cundinamarca, que poco después se dispararon de valor al ser declarados zona franca. La decisión, tomada en 2007 mientras su papá era presidente, ha revivido dudas sobre posibles favores desde el poder.
El negocio se hizo a través de la empresa Ecoeficiencia S.A. y una fiducia inmobiliaria, con una inversión inicial de $8.600 millones. Tras el cambio en el uso del suelo, el valor de los predios subió como espuma, gracias a un decreto de la Alcaldía de Mosquera que amplió el perímetro industrial. Aunque todo fue legal y no ha habido sanciones judiciales, el movimiento sigue generando ruido.
En redes sociales, muchos ven este caso como ejemplo de cómo el poder político puede jugar a favor de los negocios familiares. Aunque el Consejo de Estado no ha tomado una decisión definitiva, el escándalo revive en un momento clave para la opinión pública, generando más presión sobre el legado del expresidente y el actuar de sus hijos.