El atentado con carro bomba perpetrado el pasado 21 de agosto en inmediaciones de la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en Cali, dejó seis muertos y más de 70 heridos. Entre las víctimas fatales se confirmó el fallecimiento de una mujer en estado de embarazo, quien transitaba por el lugar como cualquier ciudadana más, ajena al conflicto que se libra entre el Estado y las disidencias armadas.
La explosión ocurrió a las 2:50 p.m., en plena zona urbana, cuando el camión cargado con explosivos fue detonado. Según el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, las víctimas eran transeúntes que se encontraban en el lugar por casualidad, incluyendo un taxista detenido en un semáforo y la mujer embarazada, cuya presencia en el sitio era completamente circunstancial. El ataque fue atribuido a la estructura criminal Jaime Martínez, vinculada a las disidencias de las FARC.
La ciudadanía logró capturar a alias Sebastián, presunto autor material del atentado, un joven de 23 años oriundo de Corinto, Cauca. Sin embargo, el dolor que deja este acto terrorista no se mide en capturas, sino en vidas truncadas. La muerte de una mujer que llevaba una nueva vida en su vientre se convierte en símbolo del desamparo civil frente a una guerra que se libra en las calles sin previo aviso.
Mientras el gobierno instala Puestos de Mando Unificado y promete más operativos, la pregunta que queda flotando es: ¿quién protege a los inocentes que solo iban pasando? Porque en Cali, el terrorismo no distingue entre combatientes y ciudadanos, y la paz parece cada vez más lejana para quienes solo querían llegar a casa.