La Procuraduría General de la Nación abrió este miércoles una investigación disciplinaria contra la canciller encargada, Rosa Yolanda Villavicencio, por presuntas irregularidades en el convenio firmado con la Imprenta Nacional para la fabricación de pasaportes. El contrato, suscrito el pasado 18 de julio, ha levantado sospechas por la aparente falta de estudios previos, soporte técnico y claridad administrativa en su ejecución.
Según el Ministerio Público, el acuerdo podría haber violado principios de planeación y economía de la contratación estatal, al no contar con documentos que justificaran su celebración ni con un acto administrativo que delegara legalmente la firma del convenio. Además de Villavicencio, también fueron vinculadas a la investigación la gerente de la Imprenta Nacional, Alba León Herrera, y la secretaria general encargada de la Cancillería, Elvira Sanabria Salazar.
Este nuevo capítulo se suma a la turbulenta historia del suministro de pasaportes en Colombia, que ya ha costado el cargo a dos excancilleres y ha puesto en la mira al jefe del Despacho Presidencial, Alfredo Saade. Mientras el Gobierno celebra el fin del “monopolio” de Thomas Greg & Sons, la Procuraduría advierte que el afán por resolver la crisis podría haber llevado a decisiones apresuradas y poco transparentes.
La polémica no da tregua: ¿se trató de una jugada estratégica para nacionalizar el proceso o de una improvisación que podría costarle caro al Estado? Por ahora, Villavicencio deberá responder ante los entes de control, mientras miles de colombianos siguen esperando por sus pasaportes en medio de la incertidumbre.