En una decisión que ha generado preocupación en el sur del país, la Unidad Nacional de Protección (UNP) retiró el esquema de seguridad del gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruíz, quien ha sido blanco de amenazas por parte de las disidencias de las Farc. El mandatario regional, que ha denunciado públicamente los crímenes cometidos por los grupos armados ilegales en su departamento, alertó sobre la situación a través de su cuenta oficial de X, asegurando que esta no es la primera vez que le retiran su protección, pero que no se dejará intimidar.
La notificación oficial llegó el pasado 1 de julio, firmada por el director de la UNP, Augusto Rodríguez, en la que se le informa que su esquema será asumido por la Dirección de Protección y Servicios Especiales (Dipro) de la Policía Nacional. Sin embargo, el cambio ha sido interpretado por el gobernador como una reducción en su nivel de protección, en un contexto donde las amenazas no solo persisten, sino que se intensifican.
Caquetá es uno de los departamentos con mayor riesgo en Colombia, según las alertas del Ministerio Público. En la región delinquen estructuras armadas bajo el mando de alias Iván Mordisco y alias Calarcá, responsables de extorsiones, secuestros y de imponer normas ilegales a la población civil. La denuncia del gobernador revive el debate sobre la capacidad del Estado para proteger a sus autoridades en zonas donde el control territorial sigue en disputa.
“Seguiré trabajando con más fuerza, más compromiso y amor por el departamento de Caquetá”, escribió Ruíz, dejando claro que no cederá ante las amenazas. Sin embargo, su caso pone en evidencia una preocupante contradicción: mientras el Estado exige presencia institucional en territorios golpeados por la violencia, no garantiza la seguridad de quienes se atreven a enfrentarla.